


Autor, emprendedor, analista económico y político. Artículos y Ensayos, tanto en español como en inglés, sobre la condición de Venezuela y otros temas de interés internacional.
Hace casi sesenta años, una generación de venezolanos se manifestó en contra de un gobierno que coartaba participación, limitaba oportunidad y detentaba las herramientas del poder con aras a mantenerse en el mismo. Esta generación originaria contaba con líderes e intelectuales provenientes de múltiples sectores; que habían sido perseguidos y asediadados; forzados a la clandestinidad o al exilio por decreto o por principio; con venezolanos de larga data, de generación reciente y de adoptivos.
Algunos de estos originarios habían participado
en el primer experimento democrático de la segunda mitad de la década de los
‘40 y reconocieron los errores de ese período, tratando de corregirlos y ser
más incluyentes en este nuevo intento democrático. Todos ellos veían en el país
un gran potencial de futuro al alcance de la mano y aquel gobierno de turno, transformado
en régimen de dictadura, mantenía los rezagos del personalismo haciendista del
pasado. Al sacudirse de ese régimen, y ante la oportunidad de reconstruir las
bases de la república los principios liberales de estos originarios incluyeron:
Estos principios parten del derecho universal a
la libertad, derecho fundamental adquirido por todo ser humano nacido en esta
tierra. Estos principios fueron base de constitución, gobierno e ideología de
la hoy llamada “Cuarta República.” Como todo principio idealista, fueron metas
a lograr, a perseguir y por luchar. Su implementación incluyó la supeditación
de las fuerzas armadas a la sociedad civil (incluyendo separación en forma e
institución de las FF. AA. del mundo político), la representación proporcional
de las minorías políticas, la no reelección inmediata, y la Independencia del
poder judicial, entre otras.
Los años sesenta fueron un período de
transición con atentados contra esa promesa de futuro tanto por agentes
externos, títeres de la guerra fría, como por agentes internos con ambiciones
de poder, reforma unipersonal y costumbres caudillescas. Ante estos embates,
los originarios tomaron atajos institucionales y debilitaron sus principios
base, infringiendo libertades y derechos, alienando minorías, suspendiendo
garantías a conveniencia, y alimentando demagogias y populismos tanto a su
favor como en su contra, llevando eventualmente a una crisis de madurez
política.
Sin madurez política no existe desarrollo
posible. La madurez política consiste en proteger los principios universales
sobre los cuales se basa el Estado. El desarrollo consiste en estructurar un sistema
que permita al individuo maximizar su potencial posible ajustado a esos
principios y a los derechos humanos y sociales del hombre. El deber primordial del
Estado es defender dicho sistema y crear las condiciones que permitan oportunidades
para ese desarrollo individual, semilla del desarrollo nacional.
Hemos visto lo que la falta de madurez política
nos ha traído. Líderes políticos aprovechando su posición, otorgada de buena fe
por el pueblo elector, traicionaron los principios de defender el estado de
derecho y de crear condiciones de oportunidad individual. De esta manera la
nación fue llevada a las condiciones en las que se encuentra hoy, tres
generaciones después del inicio de aquel experimento democrático original.
El gobierno de Venezuela a principios del S.
XXI, nuevamente transformado en régimen de dictadura, ha traicionado al país y
su potencial. Las causales de dicha traición son arrogancia, sectarismo y
ambición de perpetuidad en el poder. La traición se manifiesta con el
sufrimiento y daño causado a la nación mediante acciones directas e
intencionales, entre las cuales se pueden enumerar las siguientes:
Estas causas enumeradas bastan para inculpar al
régimen de usurpadores que manejan los destinos de la nación de traición a los
principios fundamentales que conforman un estado y un país, y la protección y
defensa de sus pobladores. Ante esa traición, es legítima la invocación de
defensa implícita en el artículo 350 de la Constitución vigente de la nación:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por
la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticos o menoscabe los derechos humanos.”
Hay venezolanos en el territorio y en el
extranjero dispuestos a ser fieles a esa lucha. Dispuestos a poner en práctica
ideales para construir un futuro posible que necesita reconocer el pasado y
utilizar el presente; que necesita reconocer que construir un país es un
proceso permanente, no una meta lograda; que necesita de todos los venezolanos,
permitiendo que sea cada uno el que construya su parte del país.
El régimen de usurpadores ha traicionado lo que
significa ser gobierno y será juzgado como tal. Los colaboradores desde la
oposición facilitando el subdesarrollo político serán llamados a justificar su
responsabilidad. La República de Venezuela ha sido, es y será siempre una sola
y los principios universales que rigen estados bajo preceptos de justicia,
respeto a los derechos y democracia prevalecerán cuando el pueblo unido reclame
y ponga a usurpadores y colaboradores en su lugar de la historia. Así será.
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