Manifiesto por Venezuela

Hace casi sesenta años, una generación de venezolanos se manifestó en contra de un gobierno que coartaba participación, limitaba oportunidad y detentaba las herramientas del poder con aras a mantenerse en el mismo. Esta generación originaria contaba con líderes e intelectuales provenientes de múltiples sectores; que habían sido perseguidos y asediadados; forzados a la clandestinidad o al exilio por decreto o por principio; con venezolanos de larga data, de generación reciente y de adoptivos.

Algunos de estos originarios habían participado en el primer experimento democrático de la segunda mitad de la década de los ‘40 y reconocieron los errores de ese período, tratando de corregirlos y ser más incluyentes en este nuevo intento democrático. Todos ellos veían en el país un gran potencial de futuro al alcance de la mano y aquel gobierno de turno, transformado en régimen de dictadura, mantenía los rezagos del personalismo haciendista del pasado. Al sacudirse de ese régimen, y ante la oportunidad de reconstruir las bases de la república los principios liberales de estos originarios incluyeron:

•         Protección de la dignidad humana
•         Igualdad de oportunidad
•         Igualdad ante la ley
•         Respeto a las minorías
•         Libertad de expresión tanto en voz como en voto
•         Derecho a la propiedad individual

Estos principios parten del derecho universal a la libertad, derecho fundamental adquirido por todo ser humano nacido en esta tierra. Estos principios fueron base de constitución, gobierno e ideología de la hoy llamada “Cuarta República.” Como todo principio idealista, fueron metas a lograr, a perseguir y por luchar. Su implementación incluyó la supeditación de las fuerzas armadas a la sociedad civil (incluyendo separación en forma e institución de las FF. AA. del mundo político), la representación proporcional de las minorías políticas, la no reelección inmediata, y la Independencia del poder judicial, entre otras.

Los años sesenta fueron un período de transición con atentados contra esa promesa de futuro tanto por agentes externos, títeres de la guerra fría, como por agentes internos con ambiciones de poder, reforma unipersonal y costumbres caudillescas. Ante estos embates, los originarios tomaron atajos institucionales y debilitaron sus principios base, infringiendo libertades y derechos, alienando minorías, suspendiendo garantías a conveniencia, y alimentando demagogias y populismos tanto a su favor como en su contra, llevando eventualmente a una crisis de madurez política.

Sin madurez política no existe desarrollo posible. La madurez política consiste en proteger los principios universales sobre los cuales se basa el Estado. El desarrollo consiste en estructurar un sistema que permita al individuo maximizar su potencial posible ajustado a esos principios y a los derechos humanos y sociales del hombre. El deber primordial del Estado es defender dicho sistema y crear las condiciones que permitan oportunidades para ese desarrollo individual, semilla del desarrollo nacional.

Hemos visto lo que la falta de madurez política nos ha traído. Líderes políticos aprovechando su posición, otorgada de buena fe por el pueblo elector, traicionaron los principios de defender el estado de derecho y de crear condiciones de oportunidad individual. De esta manera la nación fue llevada a las condiciones en las que se encuentra hoy, tres generaciones después del inicio de aquel experimento democrático original.

El gobierno de Venezuela a principios del S. XXI, nuevamente transformado en régimen de dictadura, ha traicionado al país y su potencial. Las causales de dicha traición son arrogancia, sectarismo y ambición de perpetuidad en el poder. La traición se manifiesta con el sufrimiento y daño causado a la nación mediante acciones directas e intencionales, entre las cuales se pueden enumerar las siguientes:

• Ha infligido destrucción de bienes patrimoniales de la nación, tanto naturales como humanos.
• Se ha burlado de la defensa de los derechos humanos y sociales de todos los venezolanos, incluyendo vida, libertad, salud, trabajo y educación.
• Ha pervertido la democracia representativa, distorsionado el sistema electoral y desconociendo la voluntad popular tanto de resultados como de intención.
• Ha causado el empobrecimiento brutal de la población, insistiendo en la aplicación de un modelo asfixiante de toda iniciativa que no esté bajo el control estricto del estado mediante usurpación, regulación excesiva o amenaza directa.
• Ha abdicado la soberanía a naciones extranjeras tanto en los recursos del país como en su defensa, haciendo negocios, tratados, hipotecas y acuerdos secretos con naciones y entidades extranjeras.
• Ha supeditado el poder civil al poder militar, denigrando el rol de ambos en la conformación de un Estado centrado en la libertad del ciudadano como condición básica.
• Ha obstruido la administración de justicia y la legalidad, interfiriendo repetidamente en la independencia judicial con el fin de reprimir oposición legítima a sus políticas.
• Ha protegido y facilitado prácticas corruptas y criminales de sus miembros, adeptos y acólitos, contribuyendo activamente al colapso del contrato social basado en el respeto a la ley, la propiedad y la vida.
• En afán de hipertrofia cancerígena ha debilitado, intervenido, socavado, sustituido, callado  o atacado organismos e instituciones independientes de la sociedad civil tales como sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones vecinales o educativas, la iglesia, colegios y gremios profesionales, la prensa y otros que canalizan y amplifican la voz ciudadana ante el gobierno.
• Ha sembrado y exacerbado odios fratricidas entre el pueblo venezolano dividiendo y debilitando el gentilicio nacional.
• Ha esquivado la responsabilidad de defender la integridad física de la nación al desistir, por conveniencia política de una nación extranjera, a la negociación legítima del diferendo territorial del Esequibo.

Estas causas enumeradas bastan para inculpar al régimen de usurpadores que manejan los destinos de la nación de traición a los principios fundamentales que conforman un estado y un país, y la protección y defensa de sus pobladores. Ante esa traición, es legítima la invocación de defensa implícita en el artículo 350 de la Constitución vigente de la nación:

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

Hay venezolanos en el territorio y en el extranjero dispuestos a ser fieles a esa lucha. Dispuestos a poner en práctica ideales para construir un futuro posible que necesita reconocer el pasado y utilizar el presente; que necesita reconocer que construir un país es un proceso permanente, no una meta lograda; que necesita de todos los venezolanos, permitiendo que sea cada uno el que construya su parte del país.

El régimen de usurpadores ha traicionado lo que significa ser gobierno y será juzgado como tal. Los colaboradores desde la oposición facilitando el subdesarrollo político serán llamados a justificar su responsabilidad. La República de Venezuela ha sido, es y será siempre una sola y los principios universales que rigen estados bajo preceptos de justicia, respeto a los derechos y democracia prevalecerán cuando el pueblo unido reclame y ponga a usurpadores y colaboradores en su lugar de la historia. Así será.

-----

ESTE ENSAYO Y OTROS ESTÁN DISPONIBLES EN SU TOTALIDAD EN
LA VENEZUELA IMPOSIBLE: 

CRÓNICAS Y REFLEXIONES SOBRE DEMOCRACIA Y LIBERTAD 
DE CARLOS J. RANGEL