Entre los temas que surgen con frecuencia en las pugnas políticas de Latinoamérica está el tema de la corrupción. El vocablo ¡corrupto! se lanza como improperio por opositores de todo bando para descalificar a rivales o atacar instituciones. Es un término que por su uso constante y ubicuo se ha devaluado como una vil moneda sin respaldo. Esa devaluación y ubicuidad es precisamente lo que hace difícil combatir a fondo esta lacra económica que corroe las instituciones y la moral de los ciudadanos. La corrupción existe. La corrupción empobrece al país. Recursos son desviados a bolsillos que inmisericorde e indiferentemente permiten el empobrecimiento de la condición y productividad general, creando desigualdad injustificable y miseria creciente. La corrupción no es un delito sin víctimas.
Se puede argumentar que con esas reglas (leyes) el interés propio se convierte en un motor de crecimiento dinámico para la sociedad, creando riqueza y satisfacción para todos sus miembros y, por supuesto, desigualdad. Igualmente, se puede argumentar que esa desigualdad material es un estímulo para la creación de mayor riqueza, cuando se combina con la igualdad de oportunidad, impulsando el trabajo, la creatividad y la renovación. Nuevamente el estado tiene un papel en la creación de esta igualdad de oportunidad, empezando por un sistema de seguridad y justicia que protege al individuo, a los contratos y a la propiedad privada, fortaleciendo sistemas para distribuir la mejora individual (educación y salud), y estimulando el desarrollo de infraestructura.
El propio Adam Smith reconoce en su tratado sobre la riqueza de las naciones que debe haber un coto a la capacidad de un individuo para acaparar el mercado, es decir, que el interés propio como creador de riqueza puede llegar a distorsionar el mercado si se le permite a un individuo o un pequeño grupo de individuos distorsionar las fuerzas del mercado. Esto es válido tanto para los monopolios oligarcas como para los monopolios del estado. Toda fuerza monopólica que distorsiona al mercado va en detrimento de la mejora y la creación de la riqueza de la nación.
Cuando el gobierno se convierte en un instrumento de las élites monopólicas (sean de oligarcas o del mismo estado) para la dominación de los ciudadanos, el estado de derecho que mantiene a raya aquel pre-estado Hobbesiano se debilita y el mejor negocio, la manera de prosperar, es ser amigo del gobierno. Es la condición en la cual las leyes se aplican a los enemigos y se ignoran para los amigos. Un estado estructurado de esta manera no tiene interés en crear igualdad de oportunidad puesto que esta es la base para el cambio de las élites, la búsqueda de la felicidad Jeffersoniana, y la creación destructiva de Schumpeter; es decir, la renovación de la sociedad y de la economía. Por supuesto que élites enquistadas en el poder no tienen ningún interés en ser renovadas, desplegando todo su poder en ejercicio del básico instinto de supervivencia.
Siendo así las cosas, una sociedad rentista-mercantilista combinada con unas élites enquistadas sin interés de renovación, es casi inevitable el crecimiento del estado en un pulpo burocrático gigante. Si es un gran negocio ser amigo del estado, mejor negocio todavía es ser el estado. En un círculo vicioso de amiguismos y componendas, se construye una inevitable, creciente y simbiótica estructura de corrupción.
Si el modelo de estado y sociedad se basa sobre la transferencia de riqueza rentista en vez de la creación de riqueza, la corrupción es inevitable, y todo el mundo espera y supone que ocurra. Esto trae como consecuencia tres cuasi-paradojas políticas observables con frecuencia en muchos países latinoamericanos:
· La inevitabilidad de la corrupción, y la expectativa de que cualquier persona en funciones del gobierno es corrupta, genera una especie de dilema de prisionero para los funcionarios públicos. Siempre serán corruptos en la opinión pública aun sin pruebas ni demostración, por lo cual, algunos caen en la racionalización de “si no lo hago yo, lo hace el otro, el siguiente o el de más allá.” Cualquier funcionario no sabe a ciencia cierta si su colega es corrupto o no, pero los dos serán igual e invariablemente presuntos corruptos. La paradoja es que aun si no lo son el sistema los incentiva a serlo, y siempre serán acusados de serlo.
· No importa si los funcionarios son corruptos con tal de que repartan riqueza, o al menos la promesa de riqueza y bienestar. De allí vienen sentimientos como los reflejados en frases como “roba, pero hace obra”, justificativo común para muchos dictadores de derecha, o “con hambre y desempleo, con Chávez me resteo” o similares para populistas como Chávez que en campaña electoral decía regalar viviendas a la gente, cuando en realidad era un papel con una promesa (mayormente incumplida) de que les seria concedida una vivienda en un futuro. Se estima que la fortuna personal de Hugo Chávez cuando murió superaba los US$500 millones, aunque hay quienes las estiman muy superior. Se acepta “el buen patrón” que cuida a sus esclavos, haciendo ganancias corruptas a expensas del erario público cuando reparte gratuitamente condiciones mínimas de subsistencia como, por ejemplo, “bolsas CLAP”. La paradoja es que la corrupción no es mala si se reparten sus frutos (o si se promete su repartición).
· Todo político opositor siempre acusa a todo político en el gobierno de corrupto, aun cuando exista rotación de liderazgo y partido. No hacen falta pruebas basta la denuncia por lo cual, cuando se obtienen pruebas, éstas son ignoradas o denunciadas como falsas y/o interesadas. La paradoja es que la corrupción pierde valor como denuncia política.
En una sociedad con estructuras de corrupción establecidas en su sistema de gobierno, el valor moral de la misma sociedad también se corrompe. En el caso de Venezuela, es paradigmático el uso de tasas de cambio preferenciales utilizadas por funcionarios de gobierno para comprar bonos de la deuda a dólar preferencial y cobrar intereses (y revender los bonos) a dólar libre. Pero al mismo tiempo las tasas para estudiantes, para turistas, y para el ciudadano de a pie permitieron el gran desfalco de las reservas del país, convirtiendo a la clase media en cómplice del arbitraje cambiario que lo hizo posible. Hasta el día de hoy la degradación moral que representó esa estructura corrupta creada por el gobierno chavista afecta el sentido del bien y el mal en el país, justificándose con la excusa de la “viveza criolla” y que “si no lo hubiese hecho yo, lo hubiese hecho mi cuñado”.
Hay gente corrupta. Hay funcionarios que abusan de sus cargos extorsionando -no existe mejor palabra que describa su conducta- a entidades del sector privado, o incluso otras entidades públicas para provecho de su bolsillo. Estas personas aprovechan las estructuras de corrupción creadas y la debilidad del estado de derecho para cobrar desde una pequeña “multa” en efectivo o hasta hacerse multimillonarios. Combatir la corrupción no es únicamente poner preso a estos corruptos, hay que desmantelar también las estructuras que crean la oportunidad para estas personas a conducirse de manera corrupta de manera impune y hasta celebrada por la sociedad, la cual a veces se ha calificado como “sociedad de cómplices”, donde cada uno espera que le llegue su turno para repartirse el botín que promete el estado empresarial. Un estado empresarial donde no hay verdaderos accionistas o dolientes de los resultados de la empresa, solo un sistema conducente a la depredación de sus activos.
Ante esta situación de corrupción estructural, la manera de combatirla de manera efectiva es cambiar las estructuras. Los incentivos en las llamadas “empresas del estado”, a falta de algún gerente excepcional (y, a la larga, sustituible), no son conducentes a eficiencias ni creación de riqueza y bienestar – todo lo contrario. Al desviarse el estado de sus razones fundamentales, resguardo de seguridad y fronteras, justicia equitativa y creación de condiciones para la oportunidad de los ciudadanos, se distorsiona, por no decir tulle, la capacidad creativa de la sociedad. El potencial de los recursos del país, sean naturales o humanos se limita a una extracción y repartición de rentas, con un inevitable crecimiento en el estancamiento y la desigualdad social. La limitación en el crecimiento de la riqueza y su acaparamiento por los mecanismos de corrupción crea gran descontento social, únicamente contenido mediante represión en aumento.
Cambiar las estructuras gubernamentales conducentes a la corrupción implica reducir el tamaño del estado. Implica privatizar funciones que no son inherentes a la función estado como, por ejemplo en Venezuela, las empresas del estado que se ocupan desde la distribución de alimentos hasta la hotelería, pasando por agricultura y comercio e incluyendo cerca de 150 empresas manufactureras. Incluso implica fortalecer las ONG y las organizaciones intermediarias para cubrir funciones sociales y humanitarias suministradas de manera más efectiva por estas. Pero la transformación del estado pulpo a un estado leopardo no es sencilla y tiene sus propias trampas de corrupción. El caso más visible de esto es la transformación de las empresas de la Unión Soviética en una serie de oligopolios otorgados a socios del antiguo régimen bajo un disfraz de privatización acelerada.
La protección de los activos de la nación y la transferencia de recursos a nuevas empresas privadas de manera transparente es un gran reto jurídico, comercial y político, pero mantener las estructuras existentes que incentivan la corrupción solamente hará crecer la miseria, la desigualdad, las obras abandonadas y unos pocos bolsillos a la cabeza del régimen y los de sus amigos. Esa no es la via hacia la riqueza de una nación.
CJR
Para otras reflexiones de Carlos J. Rangel sobre la corrupción véase la reseña del libro “LAS MUÑECAS DE LA CORONA”, por la periodista Ibéyise Pacheco.
